Jueces, Juzgados y Justicia

La Justicia es una de la Instituciones peor valoradas por los ciudadanos. De forma reiterada se la acusa de lenta, ineficaz, politizada, entre otros calificativos menos amables. Sus procedimientos son lentos, complicados y, en muchas ocasiones, difíciles de entender por los ciudadanos (¿cómo explicar una sentencia condenatoria a 500 años que se materializa en una prisión efectiva de apenas quince años?).

Lastrada por diversos males y anquilosada en normas procedimentales demasiado rígidas y anticuadas, la Justicia se ahoga en su propia burocracia. En materia penal la Justicia no presenta mejores perspectivas. Su alma mater procedimental es una Ley de Enjuiciamiento Criminal del Siglo XIX que ha ido sufriendo diversos remiendos y lavados de cara mediante artículos sueltos que tratan de actualizar un cuerpo legal sumamente caduco.

El personal que forma parte de los diversos juzgados se encuentra muy desmotivado y las bajas laborales y ausencias del puesto de trabajo se acumulan, ralentizando de esta forma un trabajo ya de por sí lento. En ocasiones existe una verdadera desconexión entre los jueces y magistrados y el personal que integra los juzgados. Los secretarios judiciales tratan de congraciarse con su personal y adoptan en muchas ocasiones un perfil bajo tendente a evitar los conflictos y el malestar generado por la propia dinámica del trabajo judicial sometido a los inconvenientes e incomodidades de las guardias. No es infrecuente el caso de agentes policiales que acuden con peticiones urgentes para entradas y registros u otro tipo de medidas limitadoras de derechos y que el personal del juzgado exprese su malestar y haga presión, a través del Secretario, para que no se conceda. Evidentemente la decisión corresponde al Juez pero en esas circunstancias no se favorece en absoluto la concesión de la petición policial y su correcta ejecución.

Sistema garantista

En España el sistema procesal penal es en exceso garantista. Con la Constitución de 1978 y las subsiguientes normas legales se trataba de compensar el déficit de libertades y los posibles excesos de las fuerzas del orden. Había que dar mayores derechos a los detenidos y garantías procesales. Los Jueces y fiscales debían acumular mayores competencias y limitárselas a las policías. Como idea no está mal, aunque implique una desconfianza implícita en los agentes de la ley. Los registros se debían pedir en los juzgados, se tenían que realizar siempre en presencia de un Secretario judicial, etc. La consecuencia real de todo esto es que las Fuerzas del Orden deben acudir con frecuencia a los Juzgados para avanzar en su actividad investigadora. Prácticamente cualquier medida investigadora requería necesariamente un mandamiento judicial, no lo podían hacer de motu propio al tener ahora muy limitadas sus competencias legales. Una filosofía correcta pero que la práctica demuestra imperfecta. Los Juzgados de Guardia se convierten en auténticos embudos incapaces de asumir, por desinterés o por pura incapacidad material, toda la carga de trabajo que les llega con las peticiones policiales. Muchas solicitudes de intervenciones telefónicas se deniegan, no en base a fundamentos jurídicos, sino por pura incapacidad material de asumir el trabajo en el Juzgado.

Los jueces son los profesionales peor valorados de España http://www.rtve.es/noticias/20120606/jueces-profesionales-peor-valorados-espanoles-segun-cis/533657.shtml

Desgraciadamente no son desconocidos los casos de jueces estrella, jueces corruptos, prevaricadores y parciales. Pero el nivel de autocrítica de su profesión no es precisamente elevado.

Los jueces se nos presentan como entes etéreos, distantes y superiores que habitan la tierra cuales ángeles inmaculados, levitando varios palmos por encima del suelo, y que teorizan y juzgan sobre situaciones muy complicadas que se producen en la vida real y en las diferentes intervenciones policiales. Además, en su labor fiscalizadora de las fuerzas del orden, sancionan y castigan, a veces incluso con prisión, conductas profesionales de funcionarios policiales que se estiman como inadecuadas o incorrectas. Pero ¿quién sanciona a los jueces?, los propios jueces. El tremendo corporativismo existente hace sumamente inusual que se sancionen de forma grave y severa conductas erróneas. Parece que es más fácil descubrir la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio.

Los diferentes cuerpos policiales en ocasiones tienen la sensación de estar lidiando en un mundo muy distinto al de los jueces y fiscales. Da la impresión que se piden los diversos mandamientos para molestar a los jueces, aún cuando no queda más remedio de hacerlo así por requerimiento legal. En otras ocasiones y en determinados Juzgados de Guardia se deniegan sistemáticamente todas las peticiones realizadas por los Cuerpos Policiales, aprovechando la más mínima ocasión para reprender, sancionar o procesar a los agentes.

Un viejo conocido de las policías que actúan en Madrid es el Juzgado de Instrucción nº 6 de Plaza de Castilla, cuyo titular es Ramiro García de Dios Ferreiro (Palma de Mallorca, 1946). Los policías huyen de este juzgado y de los días en los que está de guardia como de la peste. A tal punto llega la inquina y el menosprecio que hace de todas las actuaciones policiales que se piensa en que pudo haber tenido algún tipo de problema personal con las Fuerzas del Orden en su día, acumulando ese rencor a lo largo del tiempo y trasladándolo en su actuación profesional de una forma muy parcial, justamente todo lo contrario de los que se busca en un juez.

Quizá tan solo se trate de un Juez excesivamente “progresista” y puntilloso en el cumplimiento de las garantías procesales. Lo cierto es que es miembro de Jueces para la Democracia (asociación minoritaria afín al PSOE) y que anteriormente fue juez en Bilbao y presidente de la Sección Primera Bis de la Audiencia Nacional. Al parecer, es uno de los abogados laboralistas de Atocha supervivientes que entró en la judicatura por el cuarto turno (¿sería este hecho el que le marcó?).

En 1999 fue investigado por el CGPJ tras negarse a que la policía interviniese en un alijo contra la droga en el ‘supermercado’ de La Rosilla. Tras un golpe policial, La Rosilla estaba rodeada. Los ‘yonquis’ sólo merodeaban dos casas para las que la policía solicitó permiso de entrada. Fue denegado. «No había pruebas suficientes», señaló entonces García de Dios. La policía lamentó la falta de colaboración del juez. Por su parte el titular del 6º les acusa de «racismo institucional». Diez días después, los policías tuvieron más suerte y lograron que otro juez se lo autorizara: encontraron droga en los domicilios señalados previamente. Y es que la policía siempre guarda la esperanza de que no le toque García de Dios por reparto. Su ‘fobia’ antipolicial llega hasta el punto de ordenarles que acudan a los juicios vestidos de paisano. Incluso ha llegado a suspender juicios por este motivo, denuncian los policías. También ha habido quejas entre los agentes porque no les permite pasar a la sala de vistas con sus pistolas reglamentarias.

En el año 2000, el Decanato de los Jueces de Madrid abrió un expediente informativo contra García de Dios para conocer por qué dejó en libertad a tres peligrosos delincuentes sin practicar ningún tipo de diligencia. Ya entonces estaba siendo investigado por la denuncia de otro magistrado. La actuación de García de Dios fue tan irregular que su compañero decidió denunciarle.

En noviembre de 2009 Ramiro García de Dios Ferreiro fue suspendido y separado de la carrera judicial por una resolución dictada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por haber cometido presuntamente dos faltas graves en 2008. García de Dios recurrió este acuerdo del máximo órgano de gobierno de los jueces y fue finalmente rehabilitado en su puesto. Ramiro García de Dios ya fue suspendido de sus funciones durante un mes en el año 2002, por decisión del CGPJ. En una entrevista realizada en el diario la opinión de Coruña se refleja perfectamente su perfil ideológico. http://www.laopinioncoruna.es/contraportada/2010/03/24/ramiro-garcia-dios-audiencia-nacional-sobra/369382.html

«Yo procuro ser garantista», es su lema y así lo demuestra día a día en sus actuaciones. Pero acto seguido se contradice reflejando su carácter imparcial. Dice textualmente: «Es llamativo que cuando se trata de imputados de alto copete se aplique el hipergarantismo y yo me temo que con el Gürtel pueda pasar como en el caso Naseiro y se anulen las escuchas probatorias». Es decir, y dejando al margen el reproche que merece las actuaciones de los procesados en el caso Gürtel, en ciertos casos se considera garantista de los derechos de los procesados, pero en otros, cuando estos no son afines ideológicamente, no merecen tantas garantías y se puede proceder de forma más inquisitiva; por ejemplo pinchando teléfonos a los abogados mientras hablan con sus clientes. Pura contradicción y parcialidad. En la actualidad, además de su labor en el Juzgado de Instrucción nº6, realiza labores de supervisión judicial del CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros) de Madrid.

Sería injusto generalizar y extender estas malas praxis a todo el colectivo o sistema judicial. Por fortuna existen jueces honrados y trabajadores cuyo único fin es tratar de satisfacer los intereses de la Justicia. Dando en unas ocasiones y denegando en otras, cuando así lo estiman en conciencia y con imparcialidad. En fin, otro día hablaremos de los abogados e incluso de los fiscales (si es que somos capaces de encontrar a estos últimos y saber a qué se dedican).